El comité de expertos nombrado por el Ministerio de Energía propone una reforma fiscal de los suministros energéticos en profundidad. Con el propósito de cumplir con los objetivos de descarbonización comprometidos con Bruselas, el grupo de ‘sabios’ recomienda que se eleve el precio del gasóleo un 28% y un incremento del 6% para el gas consumido por los hogares. En el caso de la gasolina sugieren elevar el coste un 2%. Mientras, la electricidad caería un 6,8%. En suma, la presión fiscal global resultante es neutra, no experimenta ni subidas ni bajadas, según explican fuentes del propio comité.

 

Este reparto de carga fiscal atiende al principio de “quien contamina paga” y está calculado para un precio del CO2 de 15 euros tonelada. Según las simulaciones practicadas, los hidrocarburos están subvencionados, mientras que sólo la electricidad asume las externalidades que provoca la contaminación. En opinión de los expertos, los gravámenes con los que cargan los combustibles fósiles para el transporte sólo dan para cubrir el coste de las carreteras. Sin embargo, ahora mismo se libran de pagar todos los daños medioambientales que provoca la emisión de CO2, azufre, NOx o partículas.

La distribución de impuestos sugerida reparte el coste de las primas a las renovables que a día de hoy asumen los consumidores de electricidad entre todos los usuarios energéticos. La justificación para dicha medida es que España está obligada a cumplir con un 20% de energía de origen renovable, con lo que el gasto de otro tipo de suministros también afecta a este objetivo. Según sus análisis, la descarbonización pasa por la electrificación de la economía, con lo que se deben mandar señales adecuadas al mercado.

Para afectar lo menos posible a la economía del país, los expertos excluyen de la subida de los carburantes a tres colectivos sensibles: los conductores profesionales (logística, taxistas, etc.), la industria competitiva en el exterior y los agricultores. A todos ellos se les compensaría los costes a mayores en los que deberían incurrir durante un periodo que les permita hacer una transición competitiva.

Por otro lado, la nueva fiscalidad contempla que la recaudación de todas las administraciones se mantenga igual. Con lo que si alguna comunidad autónoma, por ejemplo, pierde recaudación, habría que compensarla.

Fuente: https://www.elconfidencial.com